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| César Cocarico, ministro de Desarrollo Rural y Tierras en conferencia de prensa. Foto:ANF |
La Paz, 5 de diciembre (ANF).- El ministro
de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, denunció el lunes la presencia
de redes de traficantes de tierras que estarían operando con el Instituto Nacional
de Reforma Agraria (INRA) y anunció una la querella penal en contra de dos
funcionarios de Santa Cruz, por los presuntos delitos de estafa.
Durante una conferencia de prensa, Cocarico dijo que se dio con el paradero
de dos ciudadanos que operaban en el departamento de Santa Cruz quienes se
dedicaban a cobrar de manera ilegal a personas interesadas en obtener sus títulos ejecutoriados en el
INRA.
“Los señores mostraron fotografías con algunos funcionarios del INRA; habría
una red que estaría trabajando en el INRA y eso nos preocupa seriamente (...). No
solo se investigará a estas personas sino a las que se señalan que son parte de
la red serán investigadas”, afirmó.
Cocarico dijo que se iniciaron procesos penales en contra de Julio César
Avendaño y Roberto Ameller por los supuestos delitos de estafa y defraudación con
pretexto a remuneración a funcionarios públicos, ya que ambos prometían títulos
en el INRA para lo cual pedían el pago de 150 mil dólares y que en un caso
concreto ya habían cobrado 35 mil dólares como adelanto.
“Estas dos personas manifestaron que tienen vínculos en el INRA e inclusive que
tendrían una estrecha relación con este suscrito ministro, por este hecho se
presentó la denuncia y se ha formalizado un querella”, sostuvo.
La autoridad reconoció que en Bolivia es fácil acaparar tierras porque “cualquier
ciudadano se entra nomas a las tierras fiscales, hace aparecer que está
trabajando en esas tierras y pide saneamiento”.
En ese marco dijo que se proyecta un decreto para prohibir el ingreso a
tierras fiscales sin autorización del INRA, ya que existe antecedentes de
dirigentes que fueron procesados por beneficiarse de títulos agrarios y
posteriores ventas ilegales de tierras.
Sin embargo negó que funcione un INRA paralelo en Santa Cruz, como se
denunció durante la gestión de su antecesora, Nemesia Achacollo.
/JMC/FC/
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